El Congreso despachó a ley la reforma que agiliza expulsiones administrativas de migrantes irregulares.
La norma permite a la PDI ingresar a domicilios con autorización judicial.

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El Congreso despachó a ley el proyecto que agiliza las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares. Faculta a la PDI a entrar a domicilios con autorización judicial.
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El Congreso despachó a ley la reforma que agiliza expulsiones administrativas de migrantes irregulares.
La norma permite a la PDI ingresar a domicilios con autorización judicial.
El Senado aprobó el informe de comisión mixta con 37 votos a favor y una abstención (Claudia Pascual), tras el respaldo de Diputados con 128 votos a favor y 11 en contra.
La PDI deberá solicitar por escrito autorización a un juez de garantía —quien resolverá en 24 horas— para ingresar a un domicilio y detener a quien tenga una orden de expulsión firme.
La reforma eleva de tres a cinco años la prohibición de reingreso para extranjeros expulsados administrativamente y fortalece el registro de datos biométricos de personas irregulares.
El plazo para reclamar judicialmente una expulsión se reduce de diez a cinco días, y la presentación del recurso no suspende automáticamente su ejecución.
Las autoridades podrán requerir información para localizar y notificar a los afectados, con restricciones que protegen a menores de edad y excluyen a establecimientos educacionales y de salud.
En 2025 se dictaron más de 23.000 órdenes de expulsión, pero solo se concretaron 1.200; los recursos de amparo frenaron más de 3.700 casos en los últimos años.
Ingresada en 2024 durante el gobierno de Gabriel Boric y reimpulsada por José Antonio Kast, la ley aún debe superar el control del Tribunal Constitucional antes de promulgarse.

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