La Contraloría detectó 485 funcionarios públicos suspendidos preventivamente con goce de sueldo entre 2020 y 2026, con un costo fiscal de $671 millones en los 10 casos más prolongados.

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La Contraloría General de la República detectó 485 funcionarios públicos de la Administración Central suspendidos preventivamente por sumarios administrativos entre 2020 y 2026 mientras recibían remuneraciones, con pagos estatales de $671 millones y casos de hasta más de cuatro años, generando críticas de parlamentarios y del Ejecutivo.
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La Contraloría detectó 485 funcionarios públicos suspendidos preventivamente con goce de sueldo entre 2020 y 2026, con un costo fiscal de $671 millones en los 10 casos más prolongados.
El informe CIC N°25 detectó 485 funcionarios de la Administración Central suspendidos preventivamente con sueldo entre 2020 y marzo de 2026; la revisión excluyó municipalidades.
El Fisco pagó $671.426.189 en remuneraciones solo a los 10 funcionarios con períodos de suspensión más prolongados, según estimó la Contraloría.
El caso más largo: un funcionario de Mejor Niñez con 4 años y 7 meses; le siguen SLEP Santiago Centro (4 años y 6 meses) y SLEP Atacama (4 años y 2 meses). 13 funcionarios superaban 4 años.
La CGR asumió los 30 sumarios con suspensiones sobre 3 años y ordenó a las entidades justificar o acelerar los casos con más de un año en 15 días hábiles.
El Instructivo N°29 (16 de septiembre de 2026) dispone que la indagación no supere 60 días hábiles y que las resoluciones se registren en el sistema SIAD para monitoreo con alertas.
22 funcionarios suspendidos registraron otras actividades remuneradas según el SII; 2 cumplían prisión preventiva, 20 sumarios quedaron sin fiscal activo y hubo viajes al extranjero y casinos.
Parlamentarios de oposición y oficialismo repudiaron el gasto; el subsecretario Máximo Pavez defendió que la ley permite pagar sueldos y destacó la comisión presidencial sobre empleo público.
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