Investigación de Contraloría y contratos vinculados al megaincendio de Valparaíso (2024)

La Contraloría General de la República emitió cinco auditorías que revelan pagos sin respaldo por $586 millones, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios y fallas de control en la Delegación Presidencial, municipios de Viña del Mar y Quilpué, y el MOP.

San Nicolás SpA recibió $6.725 millones por arriendo de maquinaria mediante trato directo de la Delegación de Valparaíso, pero figura con solo 3 trabajadores, pagó $3 millones en cotizaciones y el 100% de servicios fueron tercerizados.

Tomás Avilés, con solo 19 años, firmó los contratos millonarios como representante legal de San Nicolás SpA junto a la delegada Sofía González, mientras los accionistas formales son jóvenes de 20 y 25 años con capital de $5 millones cada uno.

El informe de Contraloría señala posibles sobreprecios de hasta 220% y pagos duplicados por $400 millones, comparando con valores de la Municipalidad de Quilpué por mismos servicios de maquinaria.

Las direcciones registradas por San Nicolás SpA corresponden a un centro de estética y una oficina contable; 13 camioneros denunciaron no recibir pagos tras ser subcontratados informalmente para extracción de escombros.

Contraloría ordenó la apertura de sumarios administrativos y remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para posibles acciones legales por las irregularidades detectadas.

El ministro Carlos Montes cuestionó el "rigor" del informe pidiendo análisis profundo antes de acusar, mientras el gobernador Rodrigo Mundaca calificó la reconstrucción como "desastre" y dijo que el Gobierno "se retira sin haber cumplido".